A principios de 2010 entrará en vigor la nueva Ley de Servicio de Pago, una transposición de la Directiva Comunitaria de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior. Lo más destacable de la Ley es que anula cualquier cláusula que impedía a los comercios exigir el pago de una cuota adicional y ofrecer una reducción por la utilización de un instrumento de pago específico.

En este nuevo escenario, los comercios podrían aplicar recargos a las operaciones realizadas por los clientes con tarjetas, si bien el Gobierno se reserva la facultad de limitar estos posibles recargos. Ya se habla de que este recargo podría suponer un aumento del 1% sobre el importe de las compras efectuadas con tarjeta, aunque numerosos expertos y la Confederación Española de Comercio han afirmado que la nueva Ley no supondrá incremento alguno en los precios.